CONCEPTO 570 DE 2023
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
Bogotá, D.C;
Ref. Solicitud de concepto[1]
COMPETENCIA
De conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 11 del Decreto 1369 de 2020[2], la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - Superservicios es competente para “…absolver las consultas jurídicas externas relativas al régimen de los servicios públicos domiciliarios”.
ALCANCE DEL CONCEPTO
Se precisa que la respuesta contenida en este documento corresponde a una interpretación jurídica general de la normativa que conforma el régimen de los servicios públicos domiciliarios, razón por la cual los criterios aquí expuestos no son de obligatorio cumplimiento o ejecución, tal como lo dispone el artículo 28 de la Ley 1437 de 2011[3], sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015[4].
Por otra parte, la Superservicios no puede exigir que los actos o contratos de un prestador de servicios públicos domiciliarios se sometan a su aprobación previa, ya que de hacerlo incurriría en una extralimitación de funciones, así lo establece el parágrafo 1 del artículo 79 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 13 de la Ley 689 de 2001.
CONSULTA
La consulta elevada contiene una serie de preguntas relacionadas con la prestación del servicio público domiciliario de acueducto por parte de una asociación de suscriptores, en donde se plantean algunas inquietudes referentes a la aplicación de las metodologías tarifarias, así como para el cálculo y la aplicación de subsidios, teniendo en cuenta la medición de los consumos y las particularidades de las actividades desarrolladas en los predios donde se presta el servicio, las cuales, serán transcritas y respondidas en el acápite de conclusiones.
NORMATIVA Y DOCTRINA APLICABLE
- Decreto Único Reglamentario No. 1077 de 2015[7]
- Resolución CRA 943 de 2021[8]
- Concepto Unificado SSPD-OJ-2009-10, actualizado el 7 de octubre de 2020
- Concepto SSPD-OJ-2022-625
- Concepto SSPD-OJ-2015-169
- Concepto CRA 26821 de 2022
- Concepto CRA 42611 de 2022
CONSIDERACIONES
Previo a resolver la solicitud, es preciso indicar que, en sede de consulta, no es procedente emitir pronunciamientos y/o decidir situaciones de carácter particular y concreto, como la mencionada en la solicitud, teniendo en cuenta que los conceptos constituyen orientaciones que no comprometen la responsabilidad de esta Superintendencia y no tienen carácter obligatorio o vinculante, siendo que se emiten conforme con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 1437 de 2011 (artículo introducido por sustitución en la Ley 1755 del 30 de junio de 2015).
Lo anterior, con mayor razón, si se tiene en cuenta que, esta Superintendencia a través de la Dirección Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado tiene a su cargo el control tarifario de las personas prestadoras de tales servicios, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 del Decreto 1369 de 200.
En ese sentido, con el fin de emitir un concepto de carácter general, se procede a ilustrar, a partir de los hechos expuestos y los temas consultados, los siguientes ejes temáticos, (i) Régimen de los acueductos veredales; (ii) Medición del consumo en el servicio público de acueducto; (iii) Clasificación de inmuebles para el servicio público de acueducto; (iv) Determinación de los subsidios y contribuciones y, (v) Rangos de consumo en el servicio público de acueducto.
(i) Régimen de los Acueductos Veredales
En relación con el régimen jurídico de los acueductos veredales, es preciso señalar que, conforme con lo previsto en el numeral 15.4 del artículo 15 de la Ley 142 de 1994, hacen parte de las organizaciones autorizadas como personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios y, en consecuencia, les es aplicable la Ley 142 de 1994. Para el efecto, conviene citar lo indicado por esta Oficina Asesora en el Concepto SSPD-OJ-2015-169, en los siguientes términos:
“(…)
De lo transcrito anteriormente, se concluye que los acueductos comunitarios están sometidos a la Ley 142 de 1994, y por tanto, a lo establecido en el artículo 75 de la misma ley, que estipula:
“Artículo 75. Funciones presidenciales de la Superintendencia de servicios públicos. El Presidente de la República ejercerá el control, la inspección y vigilancia de las entidades que presten los servicios públicos domiciliarios, y los demás servicios públicos a los que se aplica esta Ley, por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y, en especial, del Superintendente y sus delegados.” (Subrayado fuera del texto original)
Así lo confirma el artículo 79 de la Ley 142 de 1994 cuando establece que “las personas prestadoras de servicios públicos y aquellas que, en general, realicen actividades que las haga sujeto de aplicación de la presente Ley, estarán sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia.” Como ya se mencionó, dentro de estas se encuentran los acueductos de tipo comunitario.
Ahora bien, sobre los acueductos veredales como prestadores de servicios públicos domiciliarios, esta Oficina se ha pronunciado en varias ocasiones, indicando que las organizaciones solidarias están facultadas por la Constitución y la ley para la prestación de servicios públicos.
Al respecto la Corte Constitucional mediante Sentencia C-741 del 28 de agosto de 2003 con el fin de emplear el término más amplio posible que abarque las personas jurídicas sin ánimo de lucro que puedan prestar servicios públicos, empleó el término organizaciones solidarias término que cobija, entre otras: las fundaciones; asociaciones de beneficio común; las cooperativas; los organismos de segundo y tercer grado que agrupen cooperativas u otras formas asociativas y solidarias de propiedad; las instituciones auxiliares de la economía solidaria; las empresas comunitarias; las empresas solidarias de salud; las preoperativas; los fondos de empleados; las asociaciones mutualistas; las empresas de servicios en las formas de administraciones públicas cooperativas; las empresas asociativas de trabajo; y todas aquellas formas asociativas solidarias a que hace referencia el parágrafo 2o del artículo 6 de la ley 454 de 1998.
Igualmente, conforme a lo previsto en la Ley 142 de 1994 y en la Circular 01 de 1996 de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico referente a la prestación de los servicios públicos domiciliarios en municipios menores y zonas rurales dirigida a los alcaldes y personas prestadoras de servicios públicos dichos lugares, pueden prestar servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico tanto las organizaciones comunitarias (como juntas de acción comunal, juntas administradoras y asociaciones de usuarios) como las organizaciones de carácter asociativo: preoperativas, cooperativas (Ley 454 de 1998[9]) y administración pública cooperativa (Decreto 1482 de 1989).
Estas organizaciones se rigen entre otras disposiciones por los artículos 40 a 45 y 143 a 148 del Decreto 2150 de 1995[10], en cuanto a la obtención de la personería jurídica, los Decretos 777 y 1403 de 1992[11] para la contratación para la ejecución de proyectos de inversión.
Respecto a la normativa aplicable a las asociaciones comunitarias que se dedican a prestar el servicio de Acueducto” se debe indicar que, a este tipo de asociaciones se le aplica la Ley 142 de 1994 y el Decreto 421 de 2000 en lo que tiene que ver con la efectiva prestación de servicios públicos domiciliarios, así como la regulación específica que respecto del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico han expedido el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA.
Teniendo en cuenta lo anterior, las comunidades organizadas pueden prestar servicios públicos, siempre y cuando en sus estatutos este previsto el desarrollo de tales actividades y observen la normativa sobre servicios públicos consagrada en la Ley 142 de 1994, en la regulación expedida por las Comisiones de Regulación y demás normas aplicables a los prestadores de servicios públicos. (…)”. (Subraya fuera de texto)
De conformidad con el concepto citado anteriormente, como los acueductos veredales corresponden, normalmente, a organizaciones comunitarias que se encuentran habilitadas para prestar el servicio público de acueducto en los términos del numeral 15.4 del artículo 15 de la Ley 142 de 1994, es deber de estos acueductos acatar la normativa consagrada en la Ley 142 de 1994, en la regulación expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y en las demás normas aplicables a los prestadores del servicio público de acueducto.
En ese contexto, a través de la Resolución CRA 825 de 2017 (compilada por la Resolución CRA 943 de 2021), la CRA estableció la metodología tarifaria para las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado que atiendan hasta 5.000 suscriptores en el área urbana y aquellas que presten el servicio en el área rural independientemente del número de suscriptores que atiendan.
Así las cosas, como la resolución hacen parte del régimen de los servicios públicos domiciliarios por ser norma regulatoria, es de obligatorio cumplimiento por parte de los prestadores que atiendan:
En sus APS hasta 5.000 suscriptores en el área urbana, independientemente de los suscriptores que atiendan en el área rural;
En más de un municipio y/o distrito mediante un mismo sistema interconectado, hasta 5.000 suscriptores en el área urbana, independientemente de los suscriptores que atiendan en el área rural;
En APS exclusivamente en el área rural, independientemente del número de suscriptores.
Claro lo anterior, la metodología tarifaria para pequeños prestadores debe ser aplicada según los segmentos previstos en ella por las autoridades tarifarias locales de cada prestador, según lo previsto en el artículo. 1.2.1. de la Resolución CRA 943 de 2021[12], considerando los costos de la prestación, compuestos por unos componentes que tienen una naturaleza específica. Por esa razón, para que el prestador pueda incluir un costo en las tarifas, debe establecer a qué componente corresponde, de acuerdo con sus particularidades de costos y gastos. En ese sentido se aclara que, las tarifas son fijadas por los prestadores de acuerdo con la metodología que le aplique, sin que, en ningún caso, deban ser sujeto de aprobación por parte de esta Superintendencia.
Tal como lo ha señaló la CRA en Concepto CRA 26821 de 2022, “los costos de referencia calculados en aplicación de las metodologías tarifarias para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, son la base para determinar las tarifas a cobrar en las facturas de prestación del servicio a los usuarios y/o suscriptores y, una vez establecidos, se diferencian por tipo de usuario y usos del servicio[13], a partir de la estratificación socioeconómica de los inmuebles, desarrolladas por las administraciones municipales(14), así como los ajustes en relación con los niveles de subsidios(15) y/o aportes solidarios(16) definidos de acuerdo con las políticas locales, por los Concejos y las Alcaldías Municipales, de acuerdo con lo señalado en el numeral 89.1 del artículo 89 de la Ley 142 de 1994, artículo 125 de la Ley 1450 de 2011(17), modificatorio del artículo 99 de la Ley 142 de 1994 y los artículos 2.3.4.1.1.1 al 2.3.4.3.5 del Decreto 1077 de 2015(18).”
Por su parte, de acuerdo con lo previsto en el artículo 35 de la Resolución CRA 825 de 2017, las tarifas resultantes de la aplicación de la metodología contenida en dicha resolución, debieron comenzar a aplicarse a partir del primero (1°) de julio de 2018, fecha en que se iniciaría el cobro de las tarifas a los usuarios. Sin embargo, para las tarifas resultantes de la implementación de la metodología contenida en la referida Resolución CRA 825 de 2017, el artículo 37 de la Resolución CRA 844 de 2018 (también compilada por la Resolución CRA 943 de 2021) determinó su aplicación a más tardar el primero (1°) de enero de 2019, fecha hasta la cual las personas prestadoras que se encontraran en operación, podrían seguir aplicando las últimas tarifas aprobadas por su entidad tarifaria local.
No obstante lo anterior, la CRA precisó que las personas que se encontraran en el ámbito de aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017, podrían efectuar la aplicación de la referida metodología de manera progresiva en un plazo que no superara el periodo comprendido entre el primero (1o) de agosto de 2019 y el treinta y uno (31) de julio de 2021, para lo cual deberían, entre otros, manifestar por escrito esta Superintendencia, antes del primero (1o) de enero de 2020, la decisión de aplicar la progresividad, de acuerdo con lo previsto en la Resolución CRA 881 de 2019 (compilada por la Resolución CRA 943 de 2021). En ese sentido, los pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado han contado con diferentes momentos de aplicación de la metodología y por ello, es determinante establecer si el prestador se acogió o no a la progresividad.
Por lo demás, conforme con el artículo 35 de la Resolución CRA 825 de 2017, “Las personas prestadoras deberán reportar la información requerida en la oportunidad y calidad establecidas en la presente resolución y en el esquema de reporte de información definido por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD. El incumplimiento a la presente disposición ocasionará las sanciones de ley”. De este modo, mediante la Resolución SSPD 20201000009605 de 2020 esta Superintendencia estableció el reporte de la información relacionada con la metodología tarifaria para acueducto y alcantarillado definida en la Resolución CRA 943 de 2021, habilitado en el Sistema Único de Reporte de Información de Cálculo Tarifario.
(ii) Medición del consumo en el servicio público de acueducto.
En cuanto a la medición del consumo de los servicios públicos domiciliarios, el numeral 9.1, artículo 9, y artículo 146 de la Ley 142 de 1994 establecen que tanto el prestador, como el usuario del servicio, tienen derecho a que los consumos se midan, a que se empleen para ello los instrumentos de medida que la técnica haya hecho disponibles, y a que el consumo sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario.
En ese contexto normativo, la regla general en materia de medición de consumos es que esta se debe realizar con instrumentos de medida que la técnica haya hecho disponibles, es decir, con medidores. De esta forma, la determinación de consumos debe tener en cuenta la diferencia real de lecturas que arroja el medidor entre cada periodo sujeto a facturación. Solo de forma excepcional, los prestadores de servicios públicos domiciliarios pueden efectuar la determinación del consumo empleando otros mecanismos según sea señalado en el contrato de prestación del servicio con base en: i) consumos promedios de otros períodos del mismo suscriptor o usuario, ii) con base en los consumos promedios de suscriptores o usuarios que estén en circunstancias similares, o iii) con base en aforos individuales.
En concordancia con lo anterior, para el servicio público domiciliario de acueducto, cada acometida debe contar con su correspondiente medidor si ello es técnicamente posible, en concordancia con lo señalado en el artículo 2.3.1.3.2.3.12. del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015 el cual señala:
“ARTÍCULO 2.3.1.3.2.3.12. DE LA OBLIGATORIEDAD DE LOS MEDIDORES DE ACUEDUCTO. De ser técnicamente posible cada acometida deberá contar con su correspondiente medidor de acueducto, el cual será instalado en cumplimiento de los programas de micromedición establecidos por la entidad prestadora de los servicios públicos de conformidad con la regulación expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. Para el caso de edificios de propiedad horizontal o condominios, de ser técnicamente posible, cada uno de los inmuebles que lo constituyan deberá tener su medidor individual.
La entidad prestadora de los servicios públicos determinará el sitio de colocación de los medidores, procurando que sea de fácil acceso para efecto de su mantenimiento y lectura y podrá instalar los medidores a los inmuebles que no lo tienen, en este caso el costo del medidor correrá por cuenta del suscriptor o usuario.
La entidad prestadora de los servicios públicos debe ofrecer financiamiento a los suscriptores de uso residencial de los estratos 1, 2 y 3, para cubrir los costos del medidor, su instalación, obra civil, o reemplazo del mismo en caso de daño. Esta financiación debe ser de por lo menos treinta (36) (sic) meses, dando libertad al usuario de pactar períodos más cortos si así lo desea. Este cobro se hará junto con la factura de acueducto. (…)” (Subraya fuera de texto)
Lo anterior, considerando que cada unidad habitacional o unidad residencial, en principio, debe contar con su propia acometida, según lo establece el artículo 2.3.1.3.2.3.9. ibídem, el cual consagra:
“ARTÍCULO 2.3.1.3.2.3.9. UNIDAD DE ACOMETIDA POR USUARIO. La entidad prestadora de los servicios públicos sólo estará obligada a autorizar una acometida de acueducto y alcantarillado por unidad habitacional o unidad no residencial, salvo que por razones técnicas se requieran acometidas adicionales. La entidad prestadora de los servicios públicos podrá exigir la Independización de las acometidas cuando lo estime necesario. En edificios multifamiliares y multiusuarios, la entidad prestadora de los servicios públicos podrá autorizar acometidas para atender una o varias unidades independientes.”
En este sentido, en cuanto refiere al servicio público domiciliario de acueducto, cada unidad habitacional o unidad no residencial, según sea determinado por el prestador del servicio, debe contar con su propio medidor individual y el hecho de que en un mismo inmueble existan más de dos (2) medidores no supone una rebaja en el costo (tal como lo señala la consulta), considerando que la tarifa del servicio se calcula de acuerdo con la metodología tarifaria correspondiente. No obstante, la norma en cita concede la facultad al prestador de exigir la independización de las acometidas cuando lo considere necesario, por lo cual, es posible que el prestador pueda exigir, en cualquier momento, que se independicen las acometidas por unidad habitacional o unidad residencial.
(iii) Clasificación de inmuebles para el servicio público de acueducto.
La clasificación de los inmuebles, para efectos del cobro de las tarifas de los servicios públicos domiciliarios, debe efectuarse en función del uso que se da a los mismos y de los criterios regulatorios existentes en un momento específico. Esta clasificación depende entonces de los resultados de las visitas realizadas por los prestadores de servicios públicos a los inmuebles, y de los lineamientos señalados por las Comisiones de Regulación.
Al respecto, esta Oficina Asesora, mediante Concepto Unificado SSPD-OJ-2009-10, actualizado el 7 de octubre de 2020, indicó:
“(…) 3.1. Clasificación de inmuebles no residenciales para los servicios de acueducto y alcantarillado
En el caso concreto de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, los numerales 40 a 44 del artículo 2.3.1.1.1 del Decreto Único Reglamentario No. 1077 de 2015 disponen en cuanto a la clasificación de inmuebles por su uso, lo siguiente:
“(…) 40. Servicio comercial. Es el servicio que se presta a predios o inmuebles destinados a actividades comerciales, en los términos del Código de Comercio. (Decreto 302 de 2000, art. 3, Modificado por el Decreto 229 de 2002, art. 1).
41. Servicio residencial. Es el servicio que se presta para el cubrimiento de las necesidades relacionadas con la vivienda de las personas. (Decreto 302 de 2000, art. 3, Modificado por el Decreto 229 de 2002, art. 1).
42. Servicio especial. Es el que se presta a entidades sin ánimo de lucro, previa solicitud a la empresa y que requiere la expedición de una resolución interna por parte de la entidad prestadora, autorizando dicho servicio. (Decreto 302 de 2000, art. 3, Modificado por el Decreto 229 de 2002, art. 1).
43. Servicio industrial. Es el servicio que se presta a predios o inmuebles en los cuales se desarrollen actividades industriales que corresponden a procesos de transformación o de otro orden. (Decreto 302 de 2000, art. 3, Modificado por el Decreto 229 de 2002, art. 1).
Servicio oficial. Es el que se presta a las entidades de carácter oficial, a los establecimientos públicos que no desarrollen permanentemente actividades de tipo comercial o industrial, a los planteles educativos de carácter oficial de todo nivel; a los hospitales, clínicas, centros de salud, ancianatos, orfanatos de carácter oficial. (Decreto 302 de 2000, art. 3, Modificado por el Decreto 229 de 2002, art. 1).”
De otro lado y para efectos de la facturación a pequeños establecimientos comerciales o industriales conexos a las viviendas, el artículo 2.4.1.2 de la Resolución 151 de 2001, expedida por la CRA, señala que para efectos de facturación de los servicios de acueducto y alcantarillado, se considerarán como residenciales los pequeños establecimientos comerciales o industriales conexos a las viviendas con una acometida de conexión de acueducto no superior a media pulgada (1/2").
Por su redacción, esta norma hace referencia a que el local conexo comercial o industrial a la vivienda, tenga acometida independiente de ésta, con la condición de que no sea superior a media pulgada (½) para que se le facture de manera independiente como usuario residencial. De no tener acometida independiente el local conexo, se expedirá una sola factura para todo el inmueble como usuario residencial, y se cobrará un solo cargo fijo.
Finalmente, para efectos de la independización de acometidas, corresponde al prestador efectuar la visita y determinar si se trata de un local conexo que por su actividad amerite la independización. (…)” (Subraya fuera de texto)
Por lo anterior, la clasificación de los inmuebles depende: (i) de los resultados que arrojen las visitas técnicas realizadas por el prestador y (ii) de la aplicación de los lineamientos señalados por las comisiones de regulación. Concretamente, para la clasificación de inmuebles en los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, el Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015, artículo 2.3.1.1.1, numerales 40 a 44, definió los diferentes usos que se le pueden dar a estos servicios públicos según las actividades desarrolladas en el predio.
(iv) Determinación de los subsidios
En cuanto a la aplicación de los subsidios, los artículos 97 de la Ley 142 de 1994 y 2.3.4.1.1.3 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015, establecen que con tales recursos se podrá subsidiar: i) el consumo básico o consumo de subsistencia, ii) el cargo fijo y iii) los costos de la conexión domiciliaria, es decir, la acometida y el medidor de los usuarios 1, 2 y 3, inclusive.
En lo que toca a los porcentajes máximos, tanto de los subsidios, como de los aportes solidarios que deben efectuar los usuarios de estratos 5 y 6, comerciales e industriales, para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, el artículo 125 de la Ley 1450 de 2011, señala:
“Artículo 125. Subsidios y Contribuciones para los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. Para efectos de lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 99 de la Ley 142 de 1994, para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, los subsidios en ningún caso serán superiores al setenta por ciento (70%) del costo del suministro para el estrato 1, cuarenta por ciento (40%) para el estrato 2 y quince por ciento (15%) para el estrato 3.
Los factores de aporte solidario para los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a que hace referencia el artículo 2o de la Ley 632 de 2000 serán como mínimo los siguientes: Suscriptores Residenciales de estrato 5: cincuenta por ciento (50%); Suscriptores Residenciales de estrato 6: sesenta por ciento (60%); Suscriptores Comerciales: cincuenta por ciento (50%); Suscriptores Industriales: treinta por ciento (30%).
De conformidad con lo previsto en los artículos 15.2, 16 y 87.3 de la Ley 142 de 1994, los usuarios de servicios suministrados por productores de servicios marginales independientes o para uso particular, y ellos mismos en los casos de autoabastecimiento, en usos comerciales en cualquier clase de suelo y de vivienda campestre en suelo rural y rural suburbano, deberán hacer los aportes de contribución al respectivo fondo de solidaridad y redistribución del ingreso, en los porcentajes definidos por la entidad territorial. La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico regulará la materia.
PARÁGRAFO 1o Los factores de subsidios y contribuciones aprobados por los respectivos Concejos Municipales tendrán una vigencia igual a cinco (5) años, no obstante, estos factores podrán ser modificados antes del término citado, cuando varíen las condiciones para garantizar el equilibrio entre subsidios y contribuciones.
PARÁGRAFO 2o Para efectos de los cobros de los servicios públicos domiciliarios, se considerará a las personas prestadoras de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, como suscriptores industriales.” (Subraya fuera de texto)
Respecto de la vigencia de la citada disposición, debe indicarse que si bien la misma está contenida en la Ley que adoptó el Plan Nacional de Desarrollo para el período 2010 – 2014, ha mantenido su vigencia, por cuanto no fue derogada por los artículos 267 de la Ley 1753 de 2015, 336 de la Ley 1955 de 2019 y 372 de la Ley 2294 de 2023 (actual Ley del Plan Nacional de Desarrollo).
En cuanto al porcentaje de subsidios aplicados a los usuarios de estratos 1, 2 y 3, el cual puede ser igual o inferior al máximo referido en la norma transcrita, ha de indicarse que este dependerá de lo que establezca el respectivo Concejo Municipal, una vez se haya efectuado la determinación del equilibrio, cumpliendo para ello con la metodología desarrollada en el artículo 2.3.4.2.2 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015.
(v) Rangos de consumo en el servicio público de acueducto
En cuanto a los límites del consumo del servicio de acueducto, es pertinente citar lo indicado en el Concepto SSPD-OJ-2022-625, en los siguientes términos:
“En línea con lo anterior, el artículo 3o de la Resolución CRA 750 de 2016, actualmente compilada en el artículo 2.6.1.3. de la Resolución CRA 943 de 2021, determinó el consumo, así como la definición de consumo complementario y suntuario, con el propósito de que los prestadores puedan determinar en función a qué tipo de consumo se calcula el servicio:
“Artículo 2.6.1.3. Rangos de consumo. Adóptense los siguientes rangos de consumo para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, en función de la altura sobre el nivel del mar de la ciudad o municipio respectivo, una vez cumplida la progresividad prevista en el artículo 2.6.1.4 de la presente resolución:
1. Ciudades y municipios con altitud promedio por encima de 2.000 metros sobre el nivel del mar.
- Consumo básico: Es aquel que satisface las necesidades esenciales de una familia ubicada en una altitud promedio por encima de 2.000 metros sobre el nivel del mar, el cual se fija en 11 m3 mensuales por suscriptor facturado.
- Consumo complementario: Es el consumo de una familia ubicada en una altitud promedio por encima de 2.000 metros sobre el nivel del mar, mayor de 11 m3 y menor o igual a 22 m3 mensuales por suscriptor facturado.
- Consumo suntuario: Es el consumo de una familia ubicada en una altitud promedio por encima de 2.000 metros sobre el nivel del mar, mayor a 22 m3 mensuales por suscriptor facturado.
2. Ciudades y municipios con altitud promedio entre 1.000 y 2.000 metros sobre el nivel del mar.
- Consumo básico: Es aquel que satisface las necesidades esenciales de una familia ubicada en una altitud promedio entre 1.000 y 2.000 metros sobre el nivel del mar, el cual se fija en 13 m3 mensuales por suscriptor facturado.
- Consumo complementario: Es el consumo de una familia ubicada en una altitud promedio entre 1.000 y 2.000 metros sobre el nivel del mar, mayor de 13 m3 y menor o igual a 26 m3 mensuales por suscriptor facturado.
- Consumo suntuario: Es el consumo de una familia ubicada en una altitud promedio entre 1.000 y 2.000 metros sobre el nivel del mar, mayor a 26 m3 mensuales por suscriptor facturado.
3. Ciudades y municipios con altitud promedio por debajo de 1.000 metros sobre el nivel del mar.
- Consumo básico: Es aquel que satisface las necesidades esenciales de una familia ubicada en una altitud promedio por debajo de 1.000 metros sobre el nivel del mar, el cual se fija en 16 m3 mensuales por suscriptor facturado.
- Consumo complementario: Es el consumo de una familia ubicada en una altitud promedio por debajo de 1.000 metros sobre el nivel del mar, mayor de 16 m3 y menor o igual a 32 m3 mensuales por suscriptor facturado.
- Consumo suntuario: Es el consumo de una familia ubicada en una altitud promedio por debajo de 1.000 metros sobre el nivel del mar, mayor a 32 m3 mensuales por suscriptor facturado. (Resolución CRA 750 de 2016, art. 3)”. (Subrayas propias).
En este sentido, el tipo de consumo está sujeta a unos rangos que dependen de la altitud de las ciudades y municipios. Así, la clasificación del tipo de consumo dependerá de la ubicación del respectivo municipio. A manera de ejemplo, si un municipio se encuentra ubicado por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, el consumo será “Consumo básico” hasta los “11 m3, mensuales por suscriptor facturado”. Por encima de dicho consumo y hasta los 22m3, será catalogado como “complementario”, mientras que el consumo por encima de dicho límite, será “suntuario”.
Así las cosas, habrá de tomarse el consumo promedio en función de la altura sobre el nivel del mar del lugar donde se recibe el servicio, y para determinar o calcular el promedio de consumo de los habitantes por cada suscriptor, se dividirá el consumo entre el número de usuarios que se beneficien con el servicio.”
Bajo este contexto, el consumo básico corresponde al que satisface las necesidades esenciales de una familia, esto es, el que atiende las necesidades y actividades del hogar tales como: lavado de ropa, servicios sanitarios, ducha, aseo de vivienda, consumo propio, lavado manos y la preparación de alimentos, entre otros, los cuales, varían con la altitud sobre el nivel del mar del municipio o ciudad.
Así las cosas, de acuerdo con la regulación, será suntuario el consumo del servicio de acueducto, de una familia ubicada en ciudades y municipios con altitud promedio por encima de 2.000 metros sobre el nivel del mar, mayor a 22 m3 mensuales por suscriptor facturado. El de una familia ubicada a una altitud promedio entre 1.000 y 2.000 metros sobre el nivel del mar, mayor a 26 m3 mensuales por suscriptor facturado. Y el de una familia ubicada en una altitud promedio por debajo de 1.000 metros sobre el nivel del mar, mayor a 32 m3 mensuales por suscriptor facturado.
En todo caso, las metodologías tarifarias expedidas por la CRA, contenidas en las Resoluciones CRA 688 de 2014 y CRA 825 de 2017, y actualmente compiladas en la Resolución CRA 943 de 2021, contienen un índice medido en metros cúbicos por suscriptor al mes (m3/suscriptor/mes), en el que se establece como estándar de eficiencia 6 m3/suscriptor/mes.
Finalmente, es importante hacer referencia al concepto de “cantidades mínimas básicas e indispensables” que deben ser suministradas por el prestador atendiendo las previsiones allí consagradas, introducido por la Corte Constitucional, a través de la Sentencia T-546 de 2009, introdujo. Asimismo, en la Sentencia T-717 de 2010, la Corporación confirmó la existencia de tres condiciones esenciales a tener en cuenta por los prestadores antes de la suspensión: (i) que la suspensión de los servicios públicos recaiga sobre un sujeto o bien de especial protección constitucional; (ii) como consecuencia de la suspensión se desconozcan sus derechos fundamentales; y (iii) el incumplimiento de la obligación de pago obedezca a circunstancias involuntarias, insuperables e incontrolables.
Por su parte, tales usuarios tendrán la carga de informar a los prestadores la concurrencia de las tres condiciones, y deberán probarlas, salvo que se trate de usuarios clasificados en el nivel uno (1) del Sisbén, en cuyo caso las condiciones segunda y tercera referidas, se presumen por los prestadores.
CONCLUSIONES
De acuerdo con las consideraciones expuestas y en desarrollo del apoyo técnico solicitado, las preguntas 1, 9 y 14, serán atendidas por parte de la Dirección Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado (DTGAA); mientras que las relacionadas en los demás numerales, estarán a cargo de la Oficina Asesora Jurídica.
"(...) 1.- Solicito se me informe si la Asociación de Suscriptores Acueducto Vereda Guasimal AGUASIMAL E.S.P., ubicado en la Vereda Guasimal del Municipio de Tena Departamento de Cundinamarca, con NIT No. 808001659-9, ya radico el Régimen tarifario para el cobro del servicio público de agua, y si el mismo ya le fue aprobado, o viabilizado.
Para el efecto, la DTGAA señaló que: “La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) mediante la Resolución No. SSPD 20201000009605 del 19 de marzo de 2020 estableció el reporte de la información relacionada con la metodología tarifaria para acueducto y alcantarillado definida en la Resolución CRA 943 de 2021 habilitado en el Sistema Único de Reporte de Información de Cálculo Tarifario (SURICATA).
Por lo anterior, se procedió a verificar el Sistema Único de Información (SUI) donde se evidenció que, a la fecha, se encuentra en edición, aun cuando los plazos de cargue se encuentran ampliamente vencidos.
Sin embargo, aun estando en edición, el prestador reportó en el módulo de configuración el estudio de costos y tarifas con su respectiva acta de aprobación mediante acta No. 038 de 19 de abril de 2023.
El referido estudio tarifario incluye un cargo fijo expresado en $/suscriptor/mes y un cargo por unidad de consumo expresado en $/m3. Donde el cargo fijo se determina con base en el CMA, y el cargo por unidad de consumo se determina a través del CMO, CMI y el CMT, así:
| Metodología Tarifaria | Acto de aprobación de tarifas | Cargo Fijo ($/suscriptor) ($/dic2016) | Cargo por Consumo ($/m3) ($/dic2016) |
| Resolución CRA 825 de 2017 | Acta No. 038 del 19 de abril de 2023 | $ 8.505,32 | $1.138,22 |
Es importante mencionar que los costos calculados obedecen al costo de referencia, que son la base para determinar las tarifas a cobrar en las facturas de prestación del servicio a los usuarios y/o suscriptores y, una vez establecidos, se diferencian por tipo de usuario y usos del servicio, a partir de la estratificación socioeconómica, así como los ajustes en relación con los niveles de subsidios y/o aportes solidarios definidos por el Concejo.
Es necesario resaltar que, en la presente comunicación, esta Superintendencia se está pronunciando únicamente frente a la metodología aplicada por el prestador y no sobre la adecuada o no aplicación de la misma conforme a lo establecido en las Resoluciones CRA 825 de 2017 y CRA 844 de 2018.”
“2.- La industria avícola que hoy paga o cancela un promedio por metro de $4.500.oo y que solventa los gastos administrativos del acueducto actualmente, puede ser beneficiada con un descuento tan considerable para que pague $1.525.89, o se le puede mantener con un costo mayor por metro cubico frente a los estratos residenciales, ante el consumo suntuario mensual que arroja la medición de los medidores cada mes.”
La tarifa que se cobra por la prestación de los servicios públicos domiciliarios, depende, entre otros factores, no sólo del consumo del servicio y de la estratificación de los usuarios, sino de la clasificación de los inmuebles, la cual, a su vez, se determina, según: (i) los resultados que arrojen las visitas técnicas realizadas por el prestador y (ii) la aplicación de los lineamientos señalados por las comisiones de regulación. Concretamente, para la clasificación de inmuebles en los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, el Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015, artículo 2.3.1.1.1, numerales 40 a 44, definió los diferentes usos que se le pueden dar a estos servicios públicos según las actividades desarrolladas en el predio.
En ese sentido, tratándose de una “industria avícola” el tratamiento tarifario no puede asimilarse al que se le daría a un usuario residencial, por expresa reglamentación del servicio. Tal y como lo explicó la DTGAA en la respuesta a la pregunta anterior, los costos calculados deben obedecer al costo de referencia, con base en los cuales, se determinan las tarifas que se cobran en las facturas por la prestación del servicio a los usuarios y/o suscriptores. De manera que, una vez establecidos estos aspectos, se efectúan las diferenciaciones a partir del tipo de usuario y los usos del servicio, así como teniendo en cuenta la estratificación socioeconómica, y las variaciones en relación con los porcentajes de subsidios y/o contribuciones aplicables.
“3.- Los estratos residenciales que tienen dos o tres medidores, se pueden beneficiar de los subsidios estando cada medidor en la misma finca, de ser así, el subsidio aplicaría por cada medidor que tiene instalado el usuario”.
4.- La industria avícola tiene dos o tres medidores en la misma propiedad, por lo que se pregunta si puede ser beneficiada de una rebaja en el costo del servicio por metro cubico de agua, ante el alto consumo que presenta cada mes.
De forma particular en cuanto refiere al servicio público domiciliario de acueducto, el artículo 2.3.1.3.2.3.12. del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015 dispuso que, de ser técnicamente posible, cada acometida deberá contar con su correspondiente medidor, el cual será instalado en cumplimiento de los programas de micromedición establecidos por el prestador de conformidad con la regulación expedida por la CRA.
No obstante, la norma en cita da la facultad al prestador de exigir la independización de las acometidas cuando lo considere necesario, por lo cual, es posible que el prestador pueda exigir, en cualquier momento, que se independicen las acometidas. En el caso de medidores para grandes consumidores no residenciales, el artículo 2.3.1.3.2.3.14. dispuso que estos usuarios deberán instalar equipos de medición de acuerdo con los lineamientos que expedida la CRA.
En concordancia con lo anterior, como la facturación se encuentra en función de la medición de los consumos, salvo que exista un esquema de prestación no convencional que permita la facturación de los consumos de varios medidores en una sola factura y así lo establezcan las condiciones uniformes del respectivo contrato y el régimen aplicable, el cobro del servicio se hará a cada unidad habitacional y o no residencial, en función del medidor instalado; es decir, que habrá una factura por cada medidor y/o usuario. De este modo, la aplicación de los subsidios dirigidos para los usuarios de estratos 1, 2 y 3, inclusive, se hará por factura en función del respectivo medidor.
“5.- Los porcentajes de subsidio propuestos en el estudio tarifario, se ajustan a los lineamientos y recomendaciones que tiene establecida la CRAP (sic) en sus distintos actos administrativos, y que aprueba la Superintendencia de Servicios Públicos.”
“6.-Que estratos son los que se deben beneficiar de los subsidios tarifarios del servicio de agua potable, y cuál es el monto del subsidio a que tiene cada usuario de acuerdo al estrato del que forman parte.”
“7.- El subsidio a que tiene derecho un usuario del acueducto de acuerdo al consumo, hasta que metros cobija o es permitido el subsidio.”
“8.- Desde que cantidad de metros de consumo se pierde el derecho al subsidio.”
“18.- Para que la Superintendencia de Servicios públicos de el (sic)concepto favorable y apruebe el régimen tarifario de un acueducto rural, como es el caso de Aguasimal, es necesario que los subsidios a que tienen derecho parte de los usuarios estén aprobados por el Municipio, o esto no se requiere para implementar las tarifas.”
Respecto de los interrogantes relacionados en los numerales 5, 6, 7, 8 y 18, el otorgamiento de recursos para subsidiar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios de los usuarios de estratos 1, 2 y 3, le corresponde a la Nación, los municipios y departamentos, siempre que existan recursos disponibles para tal efecto y exista equilibrio entre subsidios y contribuciones.
El porcentaje de subsidios aplicables a tales usuarios dependerá de lo que establezca el respectivo Concejo Municipal, una vez se haya efectuado la determinación del equilibrio entre subsidios y contribuciones, cumpliendo para ello con la metodología desarrollada en el artículo 2.3.4.2.2 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015, en atención a los topes establecidos por el artículo 125 de la Ley 1450 de 2011.
Por su parte, esta Superintendencia, tiene a su cargo en el marco de la aplicación de subsidios, únicamente, la función de vigilar la correcta aplicación de tarifas y subsidios, según se desprende de los numerales 1 y 7 del artículo 79 de la Ley 142 de 1994; y no de impartir aprobación o dar conceptos favorables para estos propósitos.
En cuanto a la aplicación de estos subsidios si bien, en principio, no se considera una cantidad de metros cúbicos en específico, lo cierto es que, los artículos 97 de la Ley 142 de 1994 y 2.3.4.1.1.3 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015, establecen que se podrá subsidiar: i) el consumo básico o consumo de subsistencia, ii) el cargo fijo y iii) los costos de la conexión domiciliaria, es decir, la acometida y el medidor. Así las cosas, para que el subsidio cobije el consumo básico o de subsistencia, ha de considerarse lo previsto en el artículo 2.6.1.3 de la Resolución CRA 750 de 2016 (compilada en la Resolución CRA 943 de 2021).
Allí se consagra que el rango de consumo básico dependerá de la altura sobre el nivel del mar de la ciudad o municipio respectivo, una vez cumplida la progresividad allí prevista. Si el consumo sobrepasa el rango básico establecido no podrá ser objeto de subsidio.
“9.- Es posible que el Acueducto Aguasimal, solicite a la Superintendencia de Servicios Públicos justificadamente se aplace la implementación del régimen tarifario para la empresa de servicios públicos, si se tiene que la mayoría es población campesina de bajos recursos, y donde los usuarios no superan los 600.”
Para el efecto, la DTGAA señaló que: “Al respecto, le informamos que la Resolución CRA 825 de 2017: “Porta (sic) cual se establece la metodología tarifaria para las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado que atiendan hasta 5.000 suscriptores en el área urbana y aquellas que presten el servicio en el área rural independientemente del número de suscriptores que atiendan", establece en su artículo 1:
“ARTÍCULO 1. Ámbito de Aplicación. La presente resolución aplica a todas las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado que a 31 de diciembre de 2013 cumplan con alguna de las siguientes condiciones:
(i) Atiendan en sus APS hasta 5.000 suscriptores en el área urbana, independientemente de los suscriptores que atiendan en el área rural;
(ii) Atiendan en más de un municipio y/o distrito mediante un mismo sistema interconectado, hasta 5.000 suscriptores en el área urbana, independientemente de los suscriptores que atiendan en el área rural;
(iii) Atiendan en APS exclusivamente en el área rural, independientemente del número de suscriptores.
(...) En todo caso, cuando en los contratos suscritos por las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado para la prestación de estos servicios, se pacte la sujeción del mismo a la metodología tarifaria que expida la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA, se aplicará la presente resolución.
Parágrafo 1. Las personas prestadoras que provean de manera conjunta los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, y cuenten con un número diferente de suscriptores para cada uno de ellos, deberán tener en cuenta aquel servicio en el que tenga un mayor número de suscriptores para determinar si se encuentra en el ámbito de aplicación de la presente resolución.
Parágrafo 2. La presente resolución será aplicable igualmente a las personas prestadoras que se constituyan con posterioridad a 31 de diciembre de 2013, siempre y cuando cumpla con alguna de las condiciones establecidas en este artículo y no se encuentren inmersas en el ámbito de aplicación de la Resolución CRA 688 de 2014." (Cursiva fuera del texto).
Por consiguiente, si un prestador de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado cuenta con 600 suscriptores, se encuentra inmerso dentro del ámbito de aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017 y, por lo tanto, deberá dar cumplimiento a la misma.
Es importante mencionar, que de acuerdo con el artículo 37 de la resolución ibídem: “Las tarifas resultantes de la aplicación de la metodología contenida en la presente resolución, comenzarán a aplicarse a más tardar el primero (1o) de enero de 2019, fecha hasta la cual las personas prestadoras que se encuentren en operación, podrán seguir aplicando las últimas tarifas aprobadas por su entidad tarifaria local. (...)”.
“10.- Cual sería el procedimiento para que sea posible el solicitar la suspensión de adoptar el régimen tarifario del servicio público de agua potable, es decir, que documentos permitirían o se deben aportar para solicitar el aplazamiento de aplicación de las tarifas”.
“15.- Existe algún plazo, que nos permita suspender la implementación de las tarifas al Acueducto, ante la cantidad de población vulnerable que existe como usuarios del acueducto y por los escaso recursos.”
“16.- El régimen de tarifas que presenta el acueducto conforme a los hechos citados es comprensible y correcto, cuando habla de estrato bajo bajo, medio bajo, medio alto, medio medio, o es un error esa implementación.”
17.- Existe algún mecanismo jurídico que le permita al acueducto no adoptar el régimen tarifario a la fecha, justificando la precaria situación económica de los usuarios, y porque hoy cubren los gastos con los ingresos que se tienen, que documentos o soportes se deben aportar en tal sentido.
Los pequeños prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado que atiendan hasta 5.000 suscriptores en el área urbana y aquellas que presten el servicio en el área rural independientemente del número de suscriptores que atiendan, deben acatar la metodología tarifaria a través de la Resolución CRA 825 de 2017 (compilada por la Resolución CRA 943 de 2021), la CRA estableció la metodología tarifaria para las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.
Si bien este tipo de prestadores ha contado con diferentes momentos de aplicación de la metodología y, por ello, es determinante establecer si se acogieron o no a la progresividad, para determinar la exigencia de la aplicación del marco tarifario; lo cierto es que, conforme con el artículo 35 de la Resolución CRA 825 de 2017, “Las personas prestadoras deberán reportar la información requerida en la oportunidad y calidad establecidas en la presente resolución y en el esquema de reporte de información definido por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD. El incumplimiento a la presente disposición ocasionará las sanciones de ley”.
De este modo, mediante la Resolución SSPD 20201000009605 de 2020 esta Superintendencia estableció el reporte de la información relacionada con la metodología tarifaria para acueducto y alcantarillado definida en la Resolución CRA 943 de 2021 habilitado en el Sistema Único de Reporte de Información de Cálculo Tarifario y a la fecha la regulación no contempla excepciones para la suspensión de la aplicación de las tarifas establecidas para el cobro por la prestación del servicio público domiciliario de acueducto.
En todo caso, si las condiciones y criterios de la metodología tarifaria de la Resolución CRA 825 de 2017 no se pueden ajustarse a las condiciones particulares de prestación del servicio, podrá acudirse ante la CRA para la modificación de la fórmula tarifaria, observando para ello el cumplimiento de los artículos 1.8.7.2.1.3. “Causales de modificación”; 1.8.7.2.1.4 “Condiciones objeto de verificación” y literal b. del artículo 1.8.7.2.2.1 “Requisitos para la modificación de la fórmula tarifaria para prestadores incluidos en el ámbito de aplicación descrito en el artículo 2.1.1.1.1.1 de la presente Resolución(5) o los que lo modifiquen, adicionen o sustituyan (...)", de la Resolución CRA 943 de 2021, tal como lo ha indicado la CRA en el Concepto 42611 de 2022.
No obstante al margen de la obligatoriedad de adoptar el régimen tarifario, existen casos excepcionales, con ocasión de lo dispuesto en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, como es el caso de la Sentencia T-546 de 2009, en donde se estableció que el prestador debe suministrar las cantidades indispensables que satisfagan las necesidades básicas del usuario, en los términos y criterios jurisprudenciales allí previstos.
“11.- Cual es el número mínimo de consumo suntuario en metros a que tiene derecho una familia.”
“12.- A partir de qué número de metros en exceso debe cada usuario pagar el valor total del metro que fije el régimen tarifario, sin derecho a subsidio por sobrepasar el límite de consumo suntuario”.
“13.- Es posible en el régimen tarifario, cobrar un mayor valor por metro suntuario en exceso a la industria avícola o aplicar una tarifa por metro en un valor superior al residencial, o estas industrias tienen alguna excepción en el régimen tarifario, de ser así con que fundamento se concede esa excepción.”
Como se indicó previamente, la Resolución CRA 750 de 2016, compilada en la Resolución CRA 943 de 2021, definió los diferentes rangos de consumo así: i) básico, ii) complementario y iii) suntuario, de acuerdo con la altura sobre el nivel del mar, de tal forma que se contribuyera al uso eficiente, el ahorro del agua y se desestimulara su uso irracional. De esta manera, una vez el usuario supere el rango previsto para el consumo básico, dicho consumo dejará de ser objeto de subsidios. Valga anotar que la referida resolución considera el consumo básico de las familias y no los correspondientes a usuarios industriales. Cuestión distinta es que para usuarios industriales el cobro del servicio se haga en función, entre otros criterios, del referido a la clasificación.
14.- Es posible que la Superintendencia de Servicios Públicos preste la asesoría o asistencia presencial en la vereda guasimal para evaluar el régimen tarifario, para que los campesinos puedan escuchar adecuadamente la charla, o esto tiene un costo por desplazamiento al sitio de la vereda."
Para el efecto, la DTGAA señaló que: “Al respecto, es preciso aclarar que la SSPD ejerce las funciones de inspección, vigilancia y control a las entidades y empresas que sean efectivas prestadoras de servicios públicos domiciliarios del país, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley 142 de 1994, modificada por la Ley 689 de 2001. Se debe referir que dentro de las funciones que le han sido legalmente asignadas, no se encuentra la de asesorar, capacitar o intervenir de cualquier modo sobre aspectos administrativos o contractuales de sus vigilados, ni puede pronunciarse sobre asuntos internos de los prestadores de servicios públicos, relacionados con actos y contratos, por cuanto tales asuntos escapan a su competencia; y porque al desplegar este tipo de acciones la SSPD, además de extralimitar sus funciones, puede incurrir en la coadministración de las empresas por ella vigiladas.
Por lo anterior, si fuere necesario contar con asesoría, acompañamiento y apoyo para un prestador, frente a esta u otras materias, se sugiere acudir al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico, o a los gestores de los Programas Agua y Saneamiento para la Prosperidad Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PAP-PDA, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.3.3.1.4.14. del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015.
No obstante, nos permitimos brindarle los elementos normativos aplicables al tema de su solicitud en relación a la regulación de las tarifas y la libertad de las mismas, donde el artículo 88 de la Ley 142 de 1994 señala lo siguiente:
“Artículo 88. Regulación y libertad de tarifas. Al fijar sus tarifas, las empresas de servicios públicos se someterán al régimen de regulación, el cual podrá incluir las modalidades de libertad regulada y libertad vigilada, o un régimen de libertad, de acuerdo a las siguientes reglas:
88.1. Las empresas deberán ceñirse a las fórmulas que defina periódicamente la respectiva comisión para fijar sus tarifas, salvo en los casos excepcionales que se enumeran adelante. De acuerdo con los estudios de costos, la comisión reguladora podrá establecer topes máximos y mínimos tarifarios, de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas; igualmente, podrá definir las metodologías para determinación de tarifas si conviene en aplicar el régimen de libertad regulada o vigilada.
88.2. Las empresas tendrán libertad para fijar tarifas cuando no tengan una posición dominante en su mercado, según análisis que hará la comisión respectiva, con base en los criterios y definiciones de esta Ley.
88.3. Las empresas tendrán libertad para fijar tarifas, cuando exista competencia entre proveedores. Corresponde a las comisiones de regulación, periódicamente, determinar cuándo se dan estas condiciones, con base en los criterios y definiciones de esta Ley”. (Cursiva fuera de texto original)
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1o de la referida disposición, los prestadores deben, no solo ceñirse a las fórmulas que defina periódicamente la respectiva Comisión para fijar las tarifas del servicio o servicios que prestan de acuerdo con los estudios de costos, sino que adicionalmente, la Comisión de Regulación puede establecer topes máximos y mínimos tarifarios, los cuales son de obligatorio cumplimiento por los prestadores, y adicionalmente puede definir las metodologías para la fijación de tarifas, si conviene aplicar el régimen de libertad regulada o vigilada.
En cumplimiento de lo anterior, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) expidió la Resolución CRA 943 de 2021 en la cual compila, entre otros, las metodologías tarifarias vigentes para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado contenidas en las Resoluciones CRA 688 de 2014 (grandes prestadores de los servicios públicos domiciliarlos de acueducto y alcantarillado con más de 5000 suscriptores) y CRA 825 de 2017 (pequeños prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado que atienden hasta 5000 suscriptores).
Estos marcos tarifarios establecen los componentes de la estructura tarifaria y la regla de fijación de precios con la técnica regulatoria de costo de referencia por costos medios del servicio y tasa de retorno, asimismo, establece límites y criterios para la inclusión de costos administrativos y operativos y replantea el cálculo de las inversiones que podrán efectuar las empresas y determina un listado único de los activos que pueden ser reconocidos en la tarifa.
De igual manera, estas metodologías tarifarias a partir de las particularidades en gastos de administración y costos de operación (cuentas de costos y gastos), unas necesidades de inversión y los costos por tasas ambientales, prevén la determinación de unos costos de referencia identificados como: Costo Medio de Administración (CMA) con el que se define el Cargo Fijo mensual expresado en $/suscriptor/mes, y un Cargo por Unidad de Consumo (CC) expresado en $/m3, el cual se establece a partir de tres componentes: el Costo Medio de Operación y Mantenimiento (CMO), Costo Medio de Inversión (CMI) y el Costo Medio de Tasas Ambientales (CMT).
Adicionalmente, nos permitimos informar que mediante la Resolución CRA 3 de 1996 integrada a la Resolución CRA 151 de 2001 y compilada en la Resolución CRA 943 de 2021, se vincula al régimen de libertad regulada a todas las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, bajo el cual, las tarifas serán fijadas autónomamente por las Juntas Directivas de las empresas o por quien haga sus veces, o por el Alcalde del municipio, cuando los servicios sean prestados directamente por la Administración Municipal.
En atención a lo anteriormente expuesto, la aprobación de las tarifas de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado es responsabilidad de la Entidad Tarifaria Local, la cual acorde con lo establecido en la Resolución CRA 271 de 2003 compilada en la Resolución CRA 943 de 2021, se define como:
“Entidad tarifaria local: Es la persona natural o jurídica que tiene la facultad de definir las tarifas de los servicios de acueducto, alcantarillado o aseo, a cobrar en un municipio para un grupo de usuarios.
De acuerdo con lo previsto en el inciso anterior, son entidades tarifarias locales:
a. El Alcalde Municipal cuando sea el municipio el que preste directamente el servicio, o la Junta a que hace referencia el inciso 6 del Artículo 6 de la Ley 142 de 1994.
b. La Junta Directiva de la persona prestadora o quien haga sus veces de conformidad con lo establecido en los estatutos o reglamentos internos, cuando el responsable de la prestación del servicio sea alguno de los prestadores señalados en el Artículo 15 de la Ley 142 de 1994.
En ningún caso el Concejo Municipal es entidad tarifaria local y por lo tanto no puede definir tarifas". (Cursiva fuera de texto original)
De acuerdo con lo anterior, la entidad tarifaria local podrá ser la junta directiva de la persona prestadora, o quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido en sus estatutos o reglamentos internos, y es quien aprueba las tarifas resultantes de aplicar las metodologías tarifarias expedidas por la CRA.”
Adicionalmente, considerando los diferentes aspectos señalados en la consulta, se remitirá copia de la misma y del presente concepto a la Dirección Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillad de la Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, con el fin de que, en el marco de sus funciones, adelante las actuaciones que considere pertinentes.
Finalmente, le informamos que esta Superintendencia ha puesto a disposición de la ciudadanía un sitio de consulta al que usted puede acceder en la dirección electrónica https://www.superservicios.gov.co/Normativa/Compilacion-juridica-del-sector, donde encontrará la normativa, jurisprudencia y doctrina sobre los servicios públicos domiciliarios, así como los conceptos emitidos por esta entidad.
Cordialmente
FREDY RAÚL SILVA GÓMEZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica (E)
1. Radicado 20235293292582
TEMA: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO POR ACUEDUCTOS VEREDALES
Subtemas: Régimen aplicable. Medición del consumo. Clasificación de inmuebles. Subsidios y contribuciones. Consumo suntuario
2. “Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios”.
3. “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
4. “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”
5. “Por medio del cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”
6. Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
7. “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”
8. "Por la cual se compila la regulación general de los servicios públicos, de acueducto, alcantarillado y aseo, y se derogan unas disposiciones"
9. Modificado por el Decreto 19 de 2012, la Ley 1328 de 2009 y la Ley 1150 de 2007.
10. Modificado por la Ley 1861 de 2017, por el Decreto 19 de 2012, por la Ley 1438 de 2011, por la Ley 964 de 2005
11. Debe entenderse a la luz de las disposiciones del Decreto 92 de 2017.
12. “ARTÍCULO. 1.2.1. Definiciones.
(…) Entidad tarifaria local. Es la persona natural o jurídica que tiene la facultad de definir las tarifas de los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo, a cobrar en un municipio para su mercado de usuarios.
De acuerdo con lo previsto en el inciso anterior, son entidades tarifarias locales:
a) El alcalde municipal, cuando sea el municipio el que preste directamente el servicio, o la Junta a que hace referencia el inciso 6o del artículo 6 de la Ley 142 de 1994;
b) La junta directiva de la persona prestadora, o quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido en sus estatutos o reglamentos internos, cuando el responsable de la prestación del servicio sea alguno de los prestadores señalados en el artículo 15 de la Ley 142 de 1994.
En ningún caso, el concejo municipal es entidad tarifaria local, y por lo tanto, no puede definir tarifas.”
13. “Por la cual se compila la regulación general de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, y se derogan unas disposiciones”.
