CONCEPTO 399 DE 2025
(octubre 20)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
Bogotá, D.C.,
Doctor
XXXXXX
Ref. Solicitud de concepto[1]
COMPETENCIA
De conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 11 del Decreto 1369 de 2020[2], modificado por el Decreto 1547 de 2022, la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - Superservicios es competente para “…absolver las consultas jurídicas externas relativas al régimen de los servicios públicos domiciliarios”.
ALCANCE DEL CONCEPTO
Se precisa que la respuesta contenida en este documento corresponde a una interpretación jurídica general de la normativa que conforma el régimen de los servicios públicos domiciliarios, razón por la cual los criterios aquí expuestos no son de obligatorio cumplimiento o ejecución, tal como lo dispone el artículo 28 de la Ley 1437 de 2011[3] sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015[4]
Por otra parte, la Superservicios no puede exigir que los actos o contratos de un prestador de servicios públicos domiciliarios se sometan a su aprobación previa, ya que de hacerlo incurriría en una extralimitación de funciones, así lo establece el parágrafo 1 del artículo 79 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 13 de la Ley 689 de 2001.
CONSULTA
La Coordinadora del Grupo de Energía del Ministerio de Minas y Energía mediante radicado No. 2-2025-037769 del 5 de septiembre de 2025, dio traslado por competencia a esta Superintendencia, de la petición presentada por el Sr. Nestor Deiron Asprilla Murillo Representante Legal de ELECTRONUQUÍ ESP S.A., la cual contiene una serie de preguntas relativas al régimen de los actos y contratos de las empresas de servicios públicos domiciliarios, cesión de infraestructura y usuarios por parte de estas y la legalidad de las decisiones de sus órganos de dirección, por lo que las preguntas serán transcritas y respondidas en el acápite de conclusiones.
NORMATIVA Y DOCTRINA APLICABLE
Código de Comercio[5]
Resolución CREG 011 de 2009[8]
Resolución CREG 025 de 1995[9]
Resolución MME 40117 de 2024[10]
Concepto SSPD– OJ-2023-516
Concepto-SSPD-OJ-235-2022
CONSIDERACIONES
Previo a resolver la consulta planteada, es preciso indicar que en sede de consulta no es procedente emitir pronunciamientos y/o decidir situaciones de carácter particular y concreto, teniendo en cuenta que los conceptos constituyen orientaciones que no comprometen la responsabilidad de esta Superintendencia y no tienen carácter obligatorio o vinculante, siendo que se emiten conforme con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 1437 de 2011 introducido por sustitución en la Ley 1755 del 30 de junio de 2015.
De igual manera, es preciso indicar que la competencia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - Superservicios y en especial, el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control, recaen de manera exclusiva sobre los prestadores de servicios públicos domiciliarios, específicamente en lo que concierne a la ejecución de las actividades propias de la prestación de los servicios públicos domiciliarios o sus actividades complementarias.
Por otro lado, es pertinente reiterar que la posición de esta Superintendencia ha sido uniforme en el tiempo, en el sentido de manifestar su falta de competencia frente a la revisión previa de los actos y contratos de sus vigilados, en atención a lo dispuesto en el parágrafo primero del artículo 79 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 13 de la Ley 689 de 2001, ya que, de hacerlo, se podría configurar una extralimitación de funciones, así como la realización de actos de coadministración a sus vigilados. Como tampoco le está permitido pronunciarse sobre
En consecuencia, es preciso señalar que dentro de las funciones asignadas a esta Superintendencia no se encuentra alguna que le permita revisar los contratos de un prestador de servicios públicos domiciliarios a través de los cuales entrega infraestructura con recursos públicos de la Nación, toda vez que es un asunto que se encuentra determinado por la modalidad contractual que la entidad gubernamental elija para la entrega de esta, así como, también carece de competencia para revisar las actuaciones de sus órganos de dirección, puesto que estaría ejerciendo actos de coadministración.
No obstante, con el fin de de ofrecer orientaciones generales sobre los temas consultados, en el presente concepto se efectuarán algunas precisiones sobre los siguientes ejes temáticos: (i) empresas prestadoras de servicios públicos y sus órganos de administración; (ii) régimen de actos y contratos de los prestadores de servicios públicos domiciliarios; y (iii) funciones de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios.
i) EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SUS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN.
De manera inicial, es preciso señalar que dentro de las personas autorizadas por el artículo 15 de la Ley 142 de 1994 para prestar servicios públicos domiciliarios se encuentran las “empresas de servicios públicos” de que trata el numeral 15.1. Respecto de estas empresas, el artículo 17 ibídem señala que “son sociedades por acciones cuyo objeto es la prestación de los servicios públicos de que trata esta Ley (…)”, los cuales son: acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica y distribución de gas combustible o alguna actividad complementaria de estos.
Lo anterior significa que, en el evento de constituirse un prestador de estos servicios bajo la modalidad de empresa de servicios públicos. En consonancia con ello, el artículo 14 de la Ley 142 de 1994 señala que las empresas de servicios públicos, dependiendo del capital que las conforme, pueden ser de carácter oficial, mixto o privado, veamos.
“Artículo 14. Definiciones. Para interpretar y aplicar esta Ley se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:
“14.5. Empresa de servicios públicos oficial. Es aquella en cuyo capital la Nación, las entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o estas tienen el 100% de los aportes.
14.6. Empresa de servicios públicos mixta. Es aquella en cuyo capital la Nación, las entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o éstas tienen aportes iguales o superiores al 50%.
14.7 Empresa de servicios públicos privada. Es aquella cuyo capital pertenece mayoritariamente a particulares, o a entidades surgidas de convenios internacionales que deseen someterse íntegramente para estos efectos a las reglas a las que se someten los particulares”
En ese sentido, es de señalar que una empresa de servicios públicos conformada por aportes públicos iguales o mayores al cincuenta por ciento (50%) es considerada de naturaleza mixta, siendo este el caso planteado por el consultante al referir que se trata de un prestador en donde un municipio es el accionista mayoritario.
Así las cosas, vale la pena tener en cuenta que la naturaleza jurídica de los prestadores no solo se determina por la forma asociativa que se adopte al momento de su conformación, sino también por el porcentaje de aportes de capital público y privado con que cuenten.
En ese contexto, el artículo 19 de la Ley 142 de 1994 estableció el régimen jurídico de las empresas de servicios públicos, precisando que, en lo no regulado por esta ley debe hacerse una remisión normativa a las disposiciones que sobre sociedades comerciales disponga el Código de Comercio, veamos.
“Artículo 19. Régimen Jurídico de las empresas de servicios públicos. Las empresas de servicios públicos se someterán al siguiente régimen jurídico:
19.1. El nombre de la empresa deberá ser seguido por las palabras "empresa de servicios públicos" o de las letras "E.S.P.".
19.2. La duración podrá ser indefinida.
19.3. Los aportes de capital podrán pertenecer a inversionistas nacionales o extranjeros.
19.4. Los aumentos del capital autorizado podrán disponerse por decisión de la Junta Directiva, cuando se trate de hacer nuevas inversiones en la infraestructura de los servicios públicos de su objeto, y hasta por el valor que aquellas tengan. La empresa podrá ofrecer, sin sujeción a las reglas de oferta pública de valores ni a las previstas en los artículos 851, 853, 855, 856 y 858 del Código de Comercio, las nuevas acciones a los usuarios que vayan a ser beneficiarios de las inversiones, quienes en caso de que las adquieran, las pagarán en los plazos que la empresa establezca simultáneamente con las facturas del servicio.
19.5. Al constituir la empresa, los socios acordarán libremente la parte del capital autorizado que se suscribe.
19.6. Serán libres la determinación de la parte del valor de las acciones que deba pagarse en el momento de la suscripción, y la del plazo para el pago de la parte que salga a deberse. Pero la empresa informará, siempre, en sus estados financieros, qué parte de su capital ha sido pagado y cual no.
19.7. El avalúo de los aportes en especie que reciban las empresas no requiere aprobación de autoridad administrativa alguna; podrá hacerse por la asamblea preliminar de accionistas fundadores, con el voto de las dos terceras partes de los socios, o por la Junta Directiva, según dispongan los estatutos. En todo caso los avalúos estarán sujetos a control posterior de la autoridad competente.
19.8. Las empresas podrán funcionar aunque no se haya hecho el registro prescrito en el artículo 756 del Código Civil para los actos relacionados con la propiedad inmueble, relacionados con su constitución. Es deber de los aportantes y de los administradores emplear la mayor diligencia para conseguir que se hagan tales registros, y mientras ello no ocurra, no se tendrán por pagados los aportes respectivos. Quienes se aprovechen de la ausencia de registro para realizar acto alguno de disposición o gravamen respecto de los bienes o derechos que sobre tales bienes tenga la empresa, en perjuicio de ella, cometen delito de estafa, y el acto respectivo será absolutamente nulo.
19.9. En las asambleas los socios podrán emitir tantos votos como correspondan a sus acciones; pero todas las decisiones requieren el voto favorable de un número plural de socios.
19.10. La emisión y colocación de acciones no requiere autorización previa de ninguna autoridad; pero si se va a hacer oferta pública de ellas a personas distintas de los usuarios que hayan de beneficiarse con inversiones en infraestructura se requiere inscripción en el Registro Nacional de Valores.
19.11. Las actas de las asambleas deberán conservarse; y se deberá enviar copia de ellas y de los balances y estados de pérdidas y ganancias a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. La Superintendencia tendrá en relación con los balances y el estado de pérdidas y ganancias las facultades de que trata el artículo 448 del Código de Comercio. También será necesario remitir dichos documentos a la entidad pública que tenga la competencia por la prestación del servicio o a la comisión de regulación cuando alguna de ellas o un socio lo soliciten.
19.12. La empresa no se disolverá sino por las causales previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 457 del Código de Comercio, o en el evento de que todas las acciones suscritas lleguen a pertenecer a un accionista.
19.13. Si se verifica una de las causales de disolución, los administradores están obligados a realizar aquellos actos y contratos que sean indispensables para no interrumpir la prestación de los servicios a cargo de la empresa, pero darán aviso inmediato a la autoridad competente para la prestación del servicio y a la Superintendencia de servicios públicos, y convocarán inmediatamente a la asamblea general para informar de modo completo y documentado dicha situación. De ninguna manera se ocultará a los terceros con quienes negocie la sociedad la situación en que esta se encuentra; el ocultamiento hará solidariamente responsables a los administradores por las obligaciones que contraigan y los perjuicios que ocasionen.
19.14. En los estatutos se advertirá que las diferencias que ocurran a los asociados entre sí o con la sociedad, con motivo del contrato social, han de someterse a la decisión arbitral; las decisiones de los árbitros estarán sujetas a control judicial por medio del recurso de anulación del laudo o del recurso extraordinario de revisión, en los casos y por los procedimientos previstos en las leyes. (…)
19.15. En lo demás, las empresas de servicios públicos se regirán por las reglas del Código de Comercio sobre sociedades anónimas.
19.16. La composición de las juntas directivas de las empresas que presten servicios públicos domiciliarios se regirá únicamente por la ley y sus estatutos en los cuales se establecerá que en ellas exista representación directamente proporcional a la propiedad accionaria.
19.17. En el caso de empresas mixtas, cuando el aporte estatal consista en el usufructo de los bienes vinculados a la prestación del servicio público, su suscripción, avalúo y pago, se regirán íntegramente por el derecho privado, aporte que de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Comercio, incluirá la regulación de las obligaciones del usufructuario, en especial en lo que se refiere a las expensas ordinarias de conservación y a las causales de la restitución de los bienes aportados(…)”. (Subrayado fuera del texto)
Conforme lo anterior, es claro que la Ley 142 de 1994 establece que en lo demás, las empresas de servicios públicos se regirán por las reglas del Código de Comercio sobre sociedades anónimas. Por lo que a dichas normas deberemos hacer referencia.
El artículo 110 del Código de Comercio determina los requisitos de constitución de una sociedad comercial, entre ellos los estatutos, que en la escritura pública deberán definir las reglas que tendrá la Sociedad a partir de su creación. Este documento deberá determinar no solo las reglas de una empresa desde su creación y funcionamiento, sino que debe incluir las responsabilidades y facultades de los órganos de administración, incluido su representante legal y la Junta Directiva, y en general la siguiente información:
“Artículo 110. Requisitos para la constitución de una sociedad. La sociedad comercial se constituirá por escritura pública en la cual se expresará:
1) El nombre y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes. Con el nombre de las personas naturales deberá indicarse su nacionalidad y documento de identificación legal; con el nombre de las personas jurídicas, la ley, decreto o escritura de que se deriva su existencia;
2) La clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma, formado como se dispone en relación con cada uno de los tipos de sociedad que regula este Código;
3) El domicilio de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan en el mismo acto de constitución;
4) El objeto social, esto es, la empresa o negocio de la sociedad, haciendo una enunciación clara y completa de las actividades principales. Será ineficaz la estipulación en virtud de la cual el objeto social se extienda a actividades enunciadas en forma indeterminada o que no tengan una relación directa con aquél;
5) El capital social, la parte del mismo que se suscribe y la que se paga por cada asociado en el acto de la constitución. En las sociedades por acciones deberá expresarse, además, el capital suscrito y el pagado, la clase y valor nominal de las acciones representativas del capital, la forma y términos en que deberán cancelarse las cuotas debidas, cuyo plazo no podrá exceder de un año;
6) La forma de administrar los negocios sociales, con indicación de las atribuciones y facultades de los administradores, y de las que se reserven los asociados, las asambleas y las juntas de socios, conforme a la regulación legal de cada tipo de sociedad;
7) La época y la forma de convocar y constituir la asamblea o la junta de socios en sesiones ordinarias o extraordinarias, y la manera de deliberar y tomar los acuerdos en los asuntos de su competencia;
8) Las fechas en que deben hacerse inventarios y balances generales, y la forma en que han de distribuirse los beneficios o utilidades de cada ejercicio social, con indicación de las reservas que deban hacerse;
9) La duración precisa de la sociedad y las causales de disolución anticipada de la misma;
10) La forma de hacer la liquidación, una vez disuelta la sociedad, con indicación de los bienes que hayan de ser restituidos o distribuidos en especie, o de las condiciones en que, a falta de dicha indicación, puedan hacerse distribuciones en especie;
11) Si las diferencias que ocurran a los asociados entre sí o con la sociedad, con motivo del contrato social, han de someterse a decisión arbitral o de amigables componedores y, en caso afirmativo, la forma de hacer la designación de los árbitros o amigables componedores;
12) El nombre y domicilio de la persona o personas que han de representar legalmente a la sociedad, precisando sus facultades y obligaciones, cuando esta función no corresponda, por la ley o por el contrato, a todos o a algunos de los asociados;
13) Las facultades y obligaciones del revisor fiscal, cuando el cargo esté previsto en la ley o en los estatutos, y
14) Los demás pactos que, siendo compatibles con la índole de cada tipo de sociedad, estipulen los asociados para regular las relaciones a que da origen el contrato”.
Además, en lo relacionado con el registro el artículo 111 del Código de Comercio establece:
“Artículo 111. Inscripción de escritura pública de constitución en el registro de la cámara de comercio. Copia de la escritura social será inscrita en el registro mercantil de la cámara de comercio con jurisdicción en el lugar donde la sociedad establezca su domicilio principal. Si se abren sucursales o se fijan otros domicilios, dicha escritura deberá ser registrada también en las cámaras de comercio que correspondan a los lugares de dichas sucursales, si no pertenecen al mismo distrito de la cámara del domicilio principal.
Cuando se hagan aportes de inmuebles o de derechos reales relativos a dicha clase de bienes, o se establezcan gravámenes o limitaciones sobre los mismos, la escritura social deberá registrarse en la forma y lugar prescritos en el Código Civil para los actos relacionados con la propiedad inmueble.” (Subrayado fuera del texto)
De lo anterior, resaltamos que en los estatutos de las sociedades anónimas deben constar “La forma de administrar los negocios sociales, con indicación de las atribuciones y facultades de los administradores, y de las que se reserven los asociados, las asambleas y las juntas de socios, conforme a la regulación legal de cada tipo de sociedad”. Esto es, las facultades, responsabilidades y atribuciones de cada uno de los órganos de administración, incluyendo al Representante Legal y la Junta Directiva según corresponda.
Así las cosas, las sociedades anónimas al ser sociedades comerciales, en cuanto a su constitución, deben acogerse a lo dispuesto en los artículos 110 y 111 del código de comercio, es decir elevar a escritura pública el acto de constitución y efectuar el respectivo registro mercantil en la cámara de comercio con jurisdicción en el lugar donde la sociedad establezca su domicilio principal.
En ese orden de ideas, como quiera que los estatutos de creación de estas sociedades son los que determinan las facultades y límites de los diferentes órganos de administración, es este documento el que determina que autorizaciones se requieren para la toma de decisiones de la Sociedad ESP en el marco de lo establecido en la Ley 142 de 1994 y su remisión expresa al Código de Comercio.
ii) RÉGIMEN DE ACTOS Y CONTRATOS DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.
En relación con el régimen contractual de las empresas prestadoras de servicios públicos, es preciso señalar que, por regla general, en materia de servicios públicos domiciliarios, el régimen jurídico de los actos y contratos de los prestadores, independiente de su naturaleza o tipo de empresa, es el de derecho privad, y solamente les aplican las disposiciones de derecho público, cuando lo determina de manera expresa la Constitución o la ley. Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 142 de 1994, así:
“ARTÍCULO 32. RÉGIMEN DE DERECHO PRIVADO PARA LOS ACTOS DE LAS EMPRESAS. Salvo en cuanto la Constitución Política o esta Ley dispongan expresamente lo contrario, la constitución, y los actos de todas las empresas de servicios públicos, así como los requeridos para la administración y el ejercicio de los derechos de todas las personas que sean socias de ellas, en lo no dispuesto en esta Ley, se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado”.
Por su parte, el artículo 31 de la Ley 142 de 1994, que, en cuanto al régimen de los actos y contratación de estas ESP, estableció:
“ARTÍCULO 31. RÉGIMEN DE LA CONTRATACIÓN. Los contratos que celebren las entidades estatales que prestan los servicios públicos a los que se refiere esta ley no estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, salvo en lo que la presente ley disponga otra cosa. (…)
PARÁGRAFO. Los contratos que celebren los entes territoriales con las empresas de servicios públicos con el objeto de que estas últimas asuman la prestación de uno o de varios servicios públicos domiciliarios, o para que sustituyan en la prestación a otra que entre en causal de disolución o liquidación, se regirán para todos sus efectos por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en todo caso la selección siempre deberá realizarse previa licitación pública, de conformidad con la Ley 80 de 1993”.
De manera que los contratos celebrados por estas con otras empresas, se regirán por el derecho privado y, en consecuencia, tendrá primacía la autonomía de la voluntad de las partes.
No obstante, cuando las entidades estatales pretendan entregar la prestación de los servicios operados, el respectivo contrato, de manera excepcional, sí se regirá por lo previsto en la Ley 80 de 1993 y/o las disposiciones que la modifiquen o sustituyan, tal como lo contempla el parágrafo de la norma ibídem.
Conforme lo anterior, en la figura de cesión de los contratos de servicios públicos domiciliarios, que implican la sustitución del prestador original por otro, trasladando usuarios y/o suscriptores se rigen por el artículo 32 de la Ley 142 de 1994, previamente transcrito.
En ese orden de ideas, los contratos celebrados por los prestadores de servicios públicos domiciliarios con otros prestadores, se rigen por el derecho privado, en consecuencia, tendrá primacía la autonomía de la voluntad de las partes. Lo anterior, fue ratificado por esta Oficina Asesora Jurídica en el concepto SSPD-OJ-2014- 210, en el que se manifestó:
“(…) El artículo 32 de la Ley 142 de 1994 dispone que: (…) Teniendo en cuenta dicha norma, es posible concluir que los contratos que celebren las empresas de servicios públicos domiciliarios con otras empresas se rigen por el derecho privado, de lo que se sigue que en ellos sea imperativo el principio constitucional de la libertad contractual, que expresado en términos civiles y comerciales se conoce como el principio de la autonomía privada de la voluntad.”. (Subrayas fuera de texto).
En ese sentido, tratándose de la cesión de los contratos de condiciones uniformes entre empresas prestadoras de servicios públicos, en virtud del principio de autonomía privada de la voluntad, son jurídicamente viables, en la medida que los servicios prestados por una empresa pasarían a ser prestados por otra mediante la celebración de un contrato de cesión, con fundamento en las disposiciones del Código de Comercio y siempre que la otra empresa, esté constituida bajo alguna de las formas previstas en el artículo 15 de la ley 142 de 1994.
Ahora bien, en el concepto en cita frente a la cesión de contratos de condiciones uniformes, se indicó:
“(…) Lo anterior, nos lleva a afirmar que aun cuando no existe disposición alguna de la Ley 142 de 1994 que posibilite de manera expresa la cesión de contratos de condiciones uniformes de usuarios de una empresa a otra, como sí de un usuario a otro en virtud de la enajenación de inmueble, lo cierto es que en atención a las normas del Código de Comercio, es posible que la totalidad o parte de las relaciones derivadas de un contrato, aún el de condiciones uniformes, se afecten por un acuerdo de voluntades, como es el caso de la cesión prevista en el artículo 887 del Código de Comercio, que señala lo siguiente:
“Art 887.- En los contratos mercantiles de ejecución periódica o sucesiva cada una de las partes podrá hacerse sustituir por un tercero, en la totalidad o en parte de las relaciones derivadas del contrato, sin necesidad de aceptación expresa del contratante cedido, si por la ley o por estipulación de las mismas partes no se ha prohibido o limitado dicha sustitución”. (Subrayas fuera de texto).
Del concepto transcrito, se puede colegir que aun cuando no existe disposición alguna de la Ley 142 de 1994 que posibilite de manera expresa la cesión de contratos de condiciones uniformes de usuarios de una empresa a otra, lo cierto es que en atención a las normas del Código de Comercio, es posible que la totalidad o parte de las relaciones derivadas de un contrato, aún el de condiciones uniformes, se afecten por un acuerdo de voluntades, aspecto que también fue abordado por esta Oficina Asesora Jurídica en concepto SSPD-OJ-2022-91, de la siguiente forma:
“(…) De lo anterior, que sea jurídicamente posible que los servicios o actividades que venía realizando una empresa de servicios públicos pasen a ser prestados por otra empresa por virtud de la celebración de un contrato, siempre que la empresa que asuma la prestación de los respectivos servicios, esté constituida bajo la modalidad jurídica prevista en el artículo 17 de la Ley 142 de 1994, en razón a que sólo las empresas de servicios públicos organizadas conforme lo señala la Ley 142 de 1994, pueden prestar los servicios públicos a que ésta se refiere.
Realizada la cesión en los términos señalados, el nuevo prestador que recibe los contratos de condiciones uniformes suscritos por el antiguo, sin solución de continuidad, no sólo deberá hacerse cargo de las obligaciones que tenía el anterior prestador ante los usuarios y ante el Estado, sino que también adquirirá sus derechos, por lo que es perfectamente viable y lógico desde un punto de vista eminentemente jurídico, que el nuevo prestador adelante la gestión de cobro y recuperación de cartera, en relación con las obligaciones derivadas de los contratos de servicios públicos que tenía el anterior prestador y que sin haber terminado le fueron cedidos.
Lo anterior, máxime si se tiene en cuenta que las obligaciones económicas derivadas del contrato de servicios públicos a cargo de los usuarios, no sólo buscan la utilidad del prestador, sino también la financiación del servicio y de la infraestructura que lo soporta.
En esa medida, así como los usuarios pueden exigir del nuevo prestador el cumplimiento de obligaciones generadas en vigencia de la prestación del antiguo, también deberán atender las obligaciones que tengan pendientes, en la medida que estas no se tienen frente a una persona jurídica determinada sino frente a la Ley y el régimen de servicios públicos domiciliarios.
Por tal razón, si en un proceso de cesión de contratos de servicios públicos, el nuevo prestador encuentra situaciones en las que existan usuarios morosos o que incumplieron el contrato antes de su entrada en operación, ello no lo exime del desarrollo de obligaciones tales como la recuperación de cartera, la suspensión, el corte o incluso la terminación del contrato, dado que, como se ha dicho, en el proceso de cesión los contratos no se terminan sino que cambian de acreedor o deudor.
Como consecuencia de lo dicho, se concluye que cuando haya cesión de contratos de servicios públicos domiciliarios, el nuevo prestador deberá dar cumplimiento a las obligaciones y ejercer los derechos que le corresponden como tal y que le correspondían al prestador que reemplaza, pues se insiste, en la cesión de contratos la parte que reemplaza a otra lo hace no sólo respecto de sus obligaciones sino también en relación con sus derechos (…)”. (Subrayado fuera de texto)
De lo anterior se puede concluir que, el tema de la cesión de contratos de condiciones uniformes entre prestadores de servicios públicos domiciliarios, por tratarse de actos del prestador se rigen por el derecho privado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 142 de 1994.
Así las cosas, se resalta que la ley no prohíbe que los servicios públicos domiciliarios o sus actividades complementarias, realizadas por una empresa de servicios públicos, pasen a ser prestados por otra empresa, en virtud de la celebración de un contrato de cesión, es factible hacerlo, evento en el cual, el prestador del servicio público domiciliario que ostenta la calidad de cesionario, deberá hacerse cargo de las obligaciones del anterior prestador del servicio domiciliario.
A su vez la Ley 142 de 1994 posibilita que en el contrato existan cláusulas de cesión del contrato de condiciones uniformes de usuarios de una empresa a otra, bajo ciertas condiciones, so pena de presumirse abuso de posición dominante. Sobre el particular, el numeral 133.22 del artículo 133 ibídem señala lo siguiente:
“ARTÍCULO 133. ABUSO DE LA POSICIÓN DOMINANTE. Se presume que hay abuso de la posición dominante de la empresa de servicios públicos, en los contratos a los que se refiere este libro, en las siguientes cláusulas:
(…)
133.22. Las que obligan al suscriptor o usuario a aceptar por anticipado la cesión que la empresa haga del contrato, a no ser que en el contrato se identifique al cesionario o que se reconozca al cedido la facultad de terminar el contrato; (…)”
De esta forma, los contratos de servicios públicos pueden ser objeto de cesión siempre que se atienda lo señalado en la norma en cita, circunstancia bajo la cual la empresa es sustituida por otra en la totalidad o en parte de las relaciones derivadas de la prestación del servicio público domiciliario; aspecto que ha sido reiterado por esta Oficina Asesora Jurídica, a través de los conceptos 977 de 2009, 449 y 847 de 2010 y 049 de 2012, entre otros.
Además, de conformidad con la legislación vigente en Colombia, el desarrollo y construcción de la infraestructura necesaria para la prestación de los servicios públicos domiciliarios, puede ser efectuado por cualquier persona pública o privada, siempre y cuando su objeto así lo permita, en aplicación del principio de libertad de entrada (art. 333 y 334 de la Constitución Política de Colombia); sin embargo, para efectuar dicha construcción, quien lo haga deberá atender lo indicado en las disposiciones legales, reglamentarias y regulatorias que conforman el régimen de los servicios públicos domiciliarios, y demás normas aplicables de acuerdo al servicio o actividad de que se trate.
De manera que, en relación con la responsabilidad frente a la inversión en construcción, se resalta que esta es responsabilidad del Inversionista en los términos del artículo 85 de la Ley 143 de 1994 que indica que: “Las decisiones de inversión en generación, interconexión, transmisión y distribución de energía eléctrica, constituyen responsabilidad de aquéllos que las acometan, quienes asumen en su integridad los riesgos inherentes a la ejecución y explotación de los proyectos”.
Además, en lo relacionado con la operación, administración y mantenimiento de las redes matrices y de distribución para la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica, esta es responsabilidad de los prestadores de conformidad con el Código de Redes (Resolución CREG 025 de 1995) y el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (Resolución MME 40117 de 2024), entre otras normas aplicables.
iii) FUNCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
En relación con la inspección, vigilancia y control de los servicios públicos domiciliarios y los prestadores, el artículo 79 de la Ley 142 de 1994, con todas sus modificaciones y adiciones, somete a la vigilancia y control de la SSPD a todas las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, a partir del criterio de la naturaleza de la actividad y sin excepción alguna, cuando señala que “las personas prestadoras de servicios públicos y aquellas que en general, realicen actividades que las haga sujetos de aplicación de las leyes 142 y 143 de 1994, estarán sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos”.
Es importante destacar que la facultad de inspección, vigilancia y control que recae sobre las personas que prestan los servicios públicos domiciliarios, se ejerce tanto sobre aquellas que lo prestan de forma legal y pública, como de forma irregular, ilegal o clandestina.
Conforme con lo anterior, esta Oficina remitirá la información allegada a la Delegada de Energía y Gas Combustible de la Superintendencia para que en ejercicio de sus funciones realice el seguimiento a la gestión del prestador del servicio y, en general a la prestación del servicio público en la zona en el marco de las funciones conferidas por el Artículo 79 de la Ley 142 de 1994 y lo establecido en el Decreto 1369 de 2020, modificado por el Decreto 1547 de 2022.
Las funciones de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliaros se circunscriben a la inspección, vigilancia y control del cumplimiento de los contratos de servicios públicos que celebren los prestadores de estos servicios y los usuarios de los mismos, así como del cumplimiento de las leyes, reglamentos y regulación a los que se encuentran sujetos quienes presten servicios públicos o actividades complementarias a los mismos, en cuanto afecten en forma directa e inmediata a usuarios determinados y, en consecuencia, sancionar sus violaciones.
En ese sentido, vale la pena indiciar que el artículo 79 de la Ley 142 de 1994 establece un catálogo de funciones de la Superservicios, de las cuales nos permitimos destacar aquellas que se relacionan con su facultad sancionatoria, así:
"ARTÍCULO 79. FUNCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA. Las personas prestadoras de servicios públicos y aquellas que, en general, realicen actividades que las haga sujetos de aplicación de las Leyes 142 y 143 de 1994, estarán sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos. Son funciones de esta las siguientes:
1. Vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes y actos administrativos a los que estén sujetos quienes presten servicios públicos, en cuanto el cumplimiento afecte en forma directa e inmediata a usuarios determinados; y sancionar sus violaciones, siempre y cuando esta función no sea competencia de otra autoridad.
2. Vigilar y controlar el cumplimiento de los contratos entre las empresas de servicios públicos y los usuarios, y apoyar las labores que en este mismo sentido desarrollan los “comités municipales de desarrollo y control social de los servicios públicos domiciliarios”; y sancionar sus violaciones.
(...).
25. Sancionar a las empresas que no respondan en forma oportuna y adecuada las quejas de los usuarios.
(...)
32. Adelantar las investigaciones por competencia desleal y prácticas restrictivas de la competencia de los prestadores de servicios públicos domiciliarios e imponer las sanciones respectivas, de conformidad con el artículo 34 de la Ley 142 de 1994 (...)”.
De lo anterior, se puede concluir que la Superintendencia es competente, entre otros, para sancionar:
(i) El incumplimiento de las leyes y actos administrativos a los que estén sujetos quienes presten
servicios públicos, siempre y cuando esta función no sea competencia de otra autoridad;
(ii) Las violaciones de los contratos de prestación de servicios públicos domiciliarios celebrados entre los prestadores y usuarios;
(iii) A los prestadores que no respondan de manera oportuna y adecuada las quejas de los usuarios;
(iv) Cuando se presenten situaciones de competencia desleal y prácticas restrictivas de la competencia de los prestadores y;
(v) A los prestadores, auditores externos y otras entidades con naturaleza pública, privada o mixta que tengan información relacionada con servicios públicos domiciliarios cuando no atiendan de manera oportuna adecuada las solicitudes y requerimientos realizados por esta Superintendencia en ejercicio de sus funciones.
En particular, es preciso indicar que la Superintendencia tiene la faculta de imponer las sanciones que se prevén en el artículo 81 de la Ley 142 de 1994, que al respecto dispone:
“ARTÍCULO 81. SANCIONES. La Superintendencia de servicios públicos domiciliarios podrá imponer las siguientes sanciones a quienes violen las normas a las que deben estar sujetas, según la naturaleza y la gravedad de la falta:
81.1. Amonestación.
81.2 Multas hasta por el equivalente a 2000 salarios mínimos mensuales. El monto de la multa se graduará atendiendo al impacto de la infracción sobre la buena marcha del servicio público, y al factor de reincidencia. Si la infracción se cometió durante varios años, el monto máximo que arriba se indica se podrá multiplicar por el número de años. Si el infractor no proporciona información suficiente para determinar el monto, dentro de los treinta días siguientes al requerimiento que se le formule, se le aplicarán las otras sanciones que aquí se prevén. Las multas ingresarán al patrimonio de la Nación, para la atención de programas de inversión social en materia de servicios públicos, salvo en el caso al que se refiere el numeral 79.11. Las empresas a las que se multe podrán repetir contra quienes hubieran realizado los actos u omisiones que dieron lugar a la sanción.
81.3. Orden de suspender de inmediato todas o algunas de las actividades del infractor, y cierre de los inmuebles utilizados para desarrollarlas.
81.4. Orden de separar a los administradores o empleados de una empresa de servicios públicos de los cargos que ocupan; y prohibición a los infractores de trabajar en empresas similares, hasta por diez años.
81.5. Solicitud a las autoridades para que decreten la caducidad de los contratos que haya celebrado el infractor, cuando el régimen de tales contratos lo permita, o la cancelación de licencias así como la aplicación de las sanciones y multas previstas pertinentes.
81.6. Prohibición al infractor de prestar directa o indirectamente servicios públicos, hasta por diez años.
81.7. Toma de posesión en una empresa de servicios públicos, o la suspensión temporal o definitiva de sus autorizaciones y licencias, cuando las sanciones previstas atrás no sean efectivas o perjudiquen indebidamente a terceros.
Las sanciones que se impongan a personas naturales se harán previo el análisis de la culpa del eventual responsable y no podrán fundarse en criterios de responsabilidad objetiva.” (Subrayado fuera de texto)
Conforme con la norma transcrita, esta Superintendencia, en ejercicio de sus funciones, puede imponer las siguientes sanciones: (i) Amonestaciones; (ii) Multas hasta por el equivalente a 2000 salarios mínimos mensuales; (iii) Ordenes de suspender de inmediato todas o algunas de las actividades del infractor y cierre de los inmuebles utilizados para desarrollarlas; (iv) Ordenes de separar a los administradores o empleados de una empresa de servicios públicos de los cargos que ocupan, y prohibición a los infractores de trabajar en empresas similares hasta por diez (10) años; (v) Solicitudes a las autoridades para que: (vi) decreten la caducidad de los contratos celebrados por el infractor o (vii) la cancelación de licencias; (viii) Prohibiciones al infractor de prestar directa o indirectamente servicios públicos hasta por diez (10) años; y, (ix) Toma de posesión a empresas de servicios públicos o suspensión temporal o definitiva de sus autorizaciones y licencias.
Asimismo, respecto a las conductas de los prestadores con ocasión de una queja o denuncia o del ejercicio propio de las funciones de la Superservicios, es de indicar que corresponde a las Direcciones Técnicas de Gestión de las Superintendencias Delegadas, en cumplimiento de las funciones de policía administrativa asignadas por la Ley 142 de 1994 y por el Decreto 1369 de 2020, bajo el marco del procedimiento administrativo general previsto en los artículos 34 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA, realizar las acciones tendientes a evaluar el posible incumplimiento de la normativa que les aplica, con el propósito de determinar la eventual violación del mismo, que amerite solicitar el inicio de la investigación administrativa correspondiente.
Así las cosas, de llegarse a evidenciar la ocurrencia de presuntas violaciones, estas dependencias deberán remitir el informe pertinente sobre tal circunstancia, así como la recomendación de inicio de la investigación administrativa, a las Direcciones de Investigaciones de la Superintendencias Delegadas, para que estas adelanten las actuaciones a que haya lugar, en el marco del procedimiento administrativo sancionatorio establecido en los artículos 47 y siguientes del CPACA, en virtud de lo previsto en el numeral 1 del artículo 21 del referido Decreto 1369 de 2020.
CONCLUSIONES
De acuerdo con las consideraciones expuestas, se presentan las siguientes conclusiones con las que se da respuesta a cada una de las inquietudes planteadas:
1. ¿Puede un gerente de empresa de servicios públicos de economía mixta [***] ceder infraestructura o usuarios sin autorización de la Junta Directiva, del municipio socio mayoritario o de las entidades donantes como el IPSE o el MME?
Debemos resaltar que en sede de consulta no se emiten pronunciamientos y/o deciden situaciones de carácter particular y concreto, teniendo en cuenta que los conceptos constituyen orientaciones que no comprometen la responsabilidad de la Superintendencia y tampoco tienen carácter obligatorio o vinculante, ya que se emiten conforme con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 1437 de 2011, introducido por sustitución de la Ley 1755 del 30 de junio de 2015.
Ahora bien, de manera general es preciso señalar que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 14 y 17 de la Ley 142 de 1994, las empresas de servicios públicos domiciliarios deben ser constituidas bajo uno de los tipos societarios por acciones, además dependiendo del capital que las conforme, estas empresas podrán ser de carácter oficial, mixto o privado.
En consecuencia, y en conformidad con el artículo 19 de la Ley 142 de 1994, una sociedad anónima, como la que es objeto de esta consulta, debe adherirse a las disposiciones del Código de Comercio. Específicamente, los artículos 110 y 111 de dicho código que establecen la obligación incluir en los estatutos, entre otros aspectos, las facultades y autorizaciones de sus órganos de administración. Asimismo, es imperativo que el acto de constitución se realice a través escritura pública con su correspondiente registro mercantil ante la cámara de comercio que tenga jurisdicción en el domicilio principal de la sociedad.
Además, se resalta que dentro de las funciones asignadas a esta Superintendencia por los artículos 79 de la Ley 142 de 1994 y 6 del Decreto 1369 de 2020, no se encuentra alguna que le permita establecer las autorizaciones de los órganos de administración, como lo es la Junta Directiva y el Representante Legal, que requiera el prestador para el desarrollo de sus actividades, toda vez que es un asunto que se debe encontrar determinado en los Estatutos y la naturaleza jurídica de la empresa.
No obstante, de manera general, se debe tener en cuenta que: (i) los prestadores pueden prestar directamente el servicio de energía eléctrica, siempre que se cumpla con lo previsto en el artículo 6 de la Ley 142 de 1994; (ii) la Ley 142 de 1994 no establece un régimen especial para las autorizaciones de los órganos de administración de las empresas de servicios públicos, por lo que estos se rigen por el Código de Comercio por remisión expresa del artículo 19 de la Ley 142 de 1994. Es decir, serán sus Estatutos y la naturaleza jurídica del Prestador la que determine estos requisitos y (iii) el régimen contractual de los actos y contratos de los prestadores de servicios públicos es especial. Esto es, los contratos celebrados por estas con otras empresas, se regirán por el derecho privado y, en consecuencia, tendrá primacía la autonomía de la voluntad de las partes. No obstante, cuando las entidades estatales pretendan entregar la prestación de los servicios operados, el respectivo contrato, de manera excepcional, se regirá por lo previsto en el Estatuto de contratación estatal y/o las disposiciones que la modifiquen o sustituyan.
Ahora, respecto de la cesión del contrato de condiciones uniformes, esta Oficina mediante el Concepto SSPD-OJ-2021-256, señaló: “(…) De lo anterior que sea jurídicamente posible que los servicios o actividades que venía realizando una empresa de servicios públicos pasen a ser prestados por otra empresa por virtud de la celebración de un contrato, siempre que la empresa que asuma la prestación de los respectivos servicios, esté constituida bajo la modalidad jurídica prevista en el artículo 17 de la Ley 142 de 1994, en razón a que sólo las empresas de servicios públicos organizadas conforme lo señala la Ley 142 de 1994, pueden prestar los servicios públicos a que ésta se refiere.
Realizada la cesión en los términos señalados, el nuevo prestador que recibe los contratos de condiciones uniformes suscritos por el antiguo, sin solución de continuidad, no sólo deberá hacerse cargo de las obligaciones que tenía el anterior prestador ante los usuarios y ante el Estado, sino que también adquirirá sus derechos, (.)
Como consecuencia de lo dicho, se concluye que cuando haya cesión de contratos de servicios públicos domiciliarios, el nuevo prestador deberá dar cumplimiento a las obligaciones y ejercer los derechos que le corresponden como tal y que le correspondían al prestador que reemplaza, pues se insiste, en la cesión de contratos la parte que reemplaza a otra lo hace no sólo respecto de sus obligaciones sino también en relación con sus derechos. (.)" (Subraya fuera de texto) (…)”
En ese sentido, respecto de la cesión de los contratos de condiciones uniformes, la Ley 142 de 1994 posibilita que existan cláusulas de cesión del contrato de condiciones uniformes de usuarios de una empresa a otra, sin embargo, esta posibilidad se da bajo determinadas condiciones, so pena de presumirse abuso de posición dominante, según lo señala el numeral 22 del artículo 133 ibídem.
Adicionalmente, se reitera que, en virtud del principio de autonomía privada de la voluntad, son jurídicamente viables, en la medida que los servicios que venía realizando una empresa, pasen a ser prestados por otra empresa, mediante la celebración de un contrato de cesión, amparado en las disposiciones del Código de Comercio.
2. ¿Cuál es la posición jurídica del MME o el IPSE frente a la legalidad de dicha cesión? y ¿Cuál es el procedimiento legal adecuado para disponer o transferir infraestructura financiada con recursos públicos y asignada a una empresa de servicios públicos [***]?
Al respecto, esta Superintendencia reitera que el régimen de los actos y contratos de los prestadores de servicios públicos se rige por el derecho privado, salvo las excepciones señaladas en la Ley. De ahí que, los contratos celebrados por los prestadores de servicios públicos domiciliarios con otros prestadores se sometan a la libre voluntad de las partes, así como los celebrados con entidades públicas se someten al régimen de contratación estatal según corresponda.
En ese contexto, no corresponde a esta Superintendencia pronunciarse sobre los contratos por medio de los cuales el MME y el IPSE entregaron la infraestructura al Prestador del servicio ni sobre las condiciones que rigen la misma. Es necesario recordar que las facultades de la Superintendencia se enmarcan en la inspección, vigilancia y control de todos los prestadores de servicios públicos domiciliarios de que trata el artículo 15 de la Ley 142 de 1994. La supervisión integral ejercida por esta Superintendencia no es absoluta, pues de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado “(…) conocerá de los aspectos subjetivos de la empresa prestadora de servicios públicos respecto de los cuales el legislador le haya conferido expresamente la facultad. (…)”.
3. Una vez conocida esta anomalía y puesta en conocimiento de su entidad, ¿Qué acciones o decisiones podrían adoptarse al respecto, dentro del marco de sus competencias legales y técnicas?
Se reitera que las facultades de esta Superintendencia se circunscriben a vigilar y controlar el cumplimiento de los contratos entre las empresas de servicios públicos y los usuarios y el cumplimiento de las leyes y actos administrativos a los que estén sujetos quienes presten servicios públicos, en cuanto el cumplimiento afecte en forma directa e inmediata a usuarios determinados.
En el evento que se s tenga conocimiento de ciertas irregularidades o incumplimientos por parte de un prestador, es preciso indicar, que, en ejercicio del derecho de petición, artículo 16 de la Ley 1437 de 2011, toda persona puede presentar ante esta Superintendencia peticiones verbales o escritas, y particularmente elevar denuncias para que en ejercicio de las funciones constitucionales y legales de esta entidad, adelante las gestiones correspondientes para investigar y sancionar todas las conductas que sean contrarias al régimen de los servicios públicos o que pongan en riesgo su prestación.
Al respecto, esta oficina en Concepto SSPD– OJ-2023-516 señaló:
“La denuncia debe contener como mínimo: i) la identificación del autor de la denuncia y del denunciado; ii) la constancia acerca del día y hora de su presentación; iii) las conductas que sean investigables por parte de la Superintendencia; y iv) suficiente motivación, en el sentido de que contenga una relación clara de los hechos que conozca el denunciante, de la cual se deduzcan unos derroteros para la investigación.
(…)
Por otra parte, resulta pertinente indicar que las denuncias a presentarse ante esta Superintendencia pueden elevarse de manera verbal o escrita. En particular, si la presentación se desea realizar de manera presencial, esta se podrá realizar en la oficina de atención al usuario ubicada en la sede principal de la Superservicios, esto es, en la carrera 18 No. 84-35 - Bogotá D.C., Colombia y en las Direcciones Territoriales ubicadas en las ciudades de: i) Barranquilla, ii) Montería, iii) Medellín, iv) Cali, v) Neiva, y vi) Bucaramanga, cuyas direcciones pueden ser consultadas en la plataforma “Te resuelvo” disponible en el link
https://teresuelvo.superservicios.gov.co/
Por su parte, si desea realizar la denuncia de manera electrónica, es de indicar que esta se podrá remitir al correo electrónico sspd@superservicios.gov.co, tal como se menciona en el instructivo para radicar una petición, queja o reclamo (PQR), que se encuentra en el siguiente link:
https://teresuelvo.superservicios.gov.co/libs/1_Instructivo_Radicaci%C3%B3n_PQR.pdf”
Al margen de lo anterior, se recuerda que: i) la entidad facultada para ejercer la vigilancia y control fiscal independiente, así como la defensa y protección del recurso y patrimonio públicos, es la Contraloría General de la República. Por lo tanto, si considera que los actos y documentos suscritos comprometen el patrimonio público de la empresa, un ente territorial o la nación puede poner en conocimiento de dicha entidad los hechos y documentos correspondientes y ii) las actuaciones y contratos de las ESP pueden ser revisados por las partes de estos o en sede judicial y, en el caso de que usted los considere ilegales puede, incluso, hacer la denuncia ante autoridades, como la Fiscalía.
Finalmente, le informamos que esta Superintendencia ha puesto a disposición de la ciudadanía un sitio de consulta al que usted puede acceder en la dirección electrónica https://www.superservicios.gov.co/Normativa/Compilacion-juridica-del-sector, donde encontrará la normativa, jurisprudencia y doctrina sobre los servicios públicos domiciliarios, así como los conceptos emitidos por esta entidad.
Cordialmente,
JHONN VICENTE CUADROS CUADROS
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica
<NOTAS DE PIE DE PÁGINA>
1. Radicado: 20255293683602
TEMA: EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
Subtemas: Naturaleza jurídica y sus órganos de administración - Régimen de actos y contratos de una ESP - Cesión de usuarios e infraestructura - Funciones de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
2. “Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios”.
3. “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
4. “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”
5. Decreto 410 de 1971 “Por el cual se expide el Código de Comercio”.
6. “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”.
7. “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.”
8. “Por la cual se establecen la metodología y fórmulas tarifarias para la remuneración de la actividad de transmisión de energía eléctrica en el Sistema de Transmisión Nacional” y sus modificaciones.
9. “Por la cual se establece el Código de Redes, como parte del Reglamento de Operación del Sistema Interconectado Nacional”.
10. “Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE”
